Nunca antes desde que tengo uso de razón, las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica se encuentran tan neuróticas, como se encuentran hoy. A tal punto que cuando escribo estas letras, la Presidenta Laura Chinchilla se prepara para marchar junto a un grupo de ciudadanos y algunos ministros de su gobierno, en contra del Presidente Daniel Ortega en la localidad de Nicoya en Guanacaste. La razón: las declaraciones que diera el Presidente Ortega en un aniversario mas del Ejército de Nicaragua, afirmando que cabía la posibilidad de reclamar la provincia de Guanacaste ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ). Y tan deterioradas se encuentran las relaciones, que lo único que hace falta es que se rompan.
Las declaraciones de Ortega tuvieron su fundamento: las reiteradas denuncias a dúo del Gobierno de Colombia y Costa Rica, por la supuesta entrega en concesión de territorio marítimo para exploración petrolera a compañías norteamericanas y españolas; pertenecientes a Colombia y a Costa Rica respectivamente. Recordemos que en noviembre del año 2012 la CIJ restituyó a Nicaragua en el conflicto con Colombia, un área de mas de 70.000 kilómetros cuadrados, vecinos del discutido meridiano 82. Por su parte a Colombia le fue ratificada la soberanía en la Isla San Andrés y los cayos Roncador y Quitasueños.
Ya en el pasado estos países se habían unido contra Nicaragua -previo al fallo de la CIJ- y tomaron acuerdos sobre territorios marítimos de hecho, ignorando en ese entonces un proceso judicial que al final los afectó a ambos. Hoy que Nicaragua recupera basado en la sentencia inapelable de la CIJ su territorio ocupado a la fuerza por Colombia, Costa Rica queda por efecto sin límites marítimos con Nicaragua, límites que tendrán que definirse en algún momento, previo acuerdo, mientras baja la neurosis política que los aqueja.
La doctrina del derecho dice que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En este sentido, cabría la remota posibilidad de que Nicaragua hiciera una demanda ante la CIJ para que ratificara de acuerdo a los elementos probatorios, que efectivamente pertenece a Costa Rica. Y es que no es que suene a herejía, sin embargo creo que hay muchas cosas que no conocemos sobre el contexto en el que se dieron y vendrán a dar luz en un caso, para fortalecer lo que hoy es un hecho o para enterrar de una vez por todas, utópicas pretensiones.
Las declaraciones de Ortega levantaron un polvorín en San José y se convirtieron en punta de lanza de la política exterior de Costa Rica, denunciando a Nicaragua ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por las reiteradas amenazas del gobierno sandinista y su nueva política "expansionista" como la calificó el canciller costarricense Enrique Castillo. Sumado a esto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica se pronunció apoyando las políticas de Chinchilla y rechazando las pretensiones de Ortega de reclamar la Provincia de Guanacaste.
Por otra parte, expertos en análisis políticos manifestaron que ambos mandatarios lo que buscaban era elevar sus índices de popularidad, dada las dificultades que atravesaban cada uno en sus países, desviando así los problemas internos y trasladándolos al escenario internacional. Y aquí hay algo que no me cuadra. Los índices de popularidad de ambos mandatarios superan al 60%. En el caso de Chinchilla una de las mas recientes encuestas de popularidad le endosó entre un 65 y 70% de rechazo y desaprobación a su gobierno por parte de los costarricenses. En el caso de Ortega la mas reciente encuesta reflejó un 75% de aprobación a favor de Ortega y de su gobierno, contradiciendo lo que dicen los expertos analistas y dejando en evidencia la realidad.
Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua se ha dicho hasta la saciedad, son como un matrimonio y éste, sin causal de divorcio. El gobierno de Chinchilla agoniza con los límites y porcentajes de popularidad mas bajos de la historia de este país, mezclado con una serie de actos de corrupción y en discordia con su vecino Nicaragua. Por su parte el gobierno de Ortega goza de un amplio respaldo de la población y está decidido a hacer valer lo que el Derecho Internacional le señaló en manos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Los gobiernos se irán y los países ahí quedan, esperanzados en que los principios de respeto mutuo y de convivencia pacífica se pongan en práctica para el bienestar de ticos y de nicas. Mientras esto no ocurra, Guanacaste del lado que lo veamos, será una piedra en el ojo...
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